Es entendible que el régimen y sus simpatizantes estén muy preocupados con las contundentes y enormes demostraciones de respaldo que se registran ante las convocatorias en favor de la candidata de la Oposición, Ingeniera MARÍA CORINA MACHADO. De hecho, ella fue recibida significativa y efusivamente hace días, además de aclamada, en la gigantesca procesión en la que se registró la asistencia de una centenar de miles de devotos, venerando la Virgen de «LA DIVINA PASTORA» el pasado 16 de enero en Barquisimeto, Capital del Estado Lara.
Con tal demostración, se podría asegurar, una vez más, que, si las elecciones presidenciales de este año 2024 se realizaran hoy, sin duda alguna, la Ingeniera María Corina Machado sería la indiscutible ganadora, ante cualquier rival.
Con estas gigantescas expresiones de respaldo popular, se puede entender la razón y preocupación, además de las acciones, por las que el régimen comprende -más deja entrever que no acepta- el sentido activo de lo que dice y expresa la calle: «Debe ir poniendo sus barbas en remojo», en respuesta de los posibles resultados en las próximas elecciones presidenciales, pautadas constitucionalmente para este año.
El obvio e inevitable temor lo hace sentir cuando, en forma injustificada y usurpando todo derecho jurídico, legítimo y constitucional, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ha aceptado como válida la ilegal inhabilitación de la candidata presidencial potencialmente ganadora en las elecciones primarias, con una abrumadora mayoría de votos y marcando un récord histórico (93,6%) en procesos electorales a nivel histórico mundial.
Era inevitable que sucediera lo que se produjo ante el hecho. Y es que, en reclamo ante tal arbitrariedad, la candidata apeló al máximo Tribunal de la República, EL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ ), introduciendo un recurso de amparo, para que corrija y levante la ilegal e ilegítima inhabilitación. ¿Propósito?: permitiéndosele que, con todo derecho, concurra a las próximas elecciones presidenciales. Pero, además, alegándosele que nunca fue notificada de unas supuestas causas de las que se le pretende acusar, ni tampoco fue demandada en ningún tribunal, por los inexistentes delitos.
¿Justificación?: no hay prueba alguna y nunca hubo sentencia que exhibir por ningún tribunal y, menos aún, por la máxima instancia de la República. ¿Consecuencia?: la candidata de la oposición es inocente de tales causas, y ella ni está ni puede ser inhabilitada. Lamentable, sospechosa e inexplicablemente, el Tribunal Supremo de Justicia ha suspendido las audiencias (?) hasta nuevo aviso.